Punto Tecnológico

Las expresiones y opiniones formalmente objetivadas en esta columna de opinión, son de responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Punto Tecnológico como tampoco lo compromete, desde ningún punto de vista. 

Las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados

 

Por Fernando Rodríguez Guzmán

 

 

A veces, las importantes Comisiones Especiales Investigadoras de la Cámara de Diputados, son un verdadero, mal chiste.

En los últimos días hemos sido testigos de una particular sesión de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP, en que tenía votar las conclusiones que se pretendían incorporar en el informe final hasta su total despacho.

Las graves acusaciones levantadas por el sindicato Enap Petrox, especialmente hacia el presidente de la comisión especial, diputado Jaime Tohá, fueron producto de la indignación de los sindicalistas porque según su parecer, no se detectaron irregularidades en las inversiones de ENAP, como tampoco en las actuaciones de la empresa fiscal entre los años 2014/2018.  Ellos sostienen que la deuda de la empresa alcanza a unos cinco mil millones de dólares, responsabilizando de esas eventuales irregularidades a Marcelo Tokman, (PPD), gerente general hasta el 26 de abril del año 2018, de la estatal ENAP.

Por su parte, tanto el Presidente de la comisión investigadora, Diputado Tohá, como el Diputado Gastón Saavedra, desestiman las acusaciones sosteniendo que no hubo irregularidades, sino que malas inversiones además de un sustancial aumento de la deuda  y que ese aspecto, no era el motivo principal de la Comisión Especial a investigar.

Al margen de lo anterior, otra de las fuertes críticas que hacen los sindicalistas es que no fueron pocos los diputados integrantes de la comisión que prácticamente no asistieron a las reuniones de trabajo y se presentaron el lunes 07 de enero del presente año, solo a votar el informe preparado por el Presidente de la Comisión.  Revisando todas las citaciones de esta comisión (Ver aquí), se pudo comprobar que prácticamente en todas las sesiones de trabajo, algunos diputados fueron reemplazados por otros, lo que en cierta medida les da la razón a los sindicalistas al menos en este aspecto.

Desde luego, que esta observación no es algo menor toda vez que el integrante titular al no concurrir a las citaciones de trabajo de la comisión, guste o no, pierde la visión de conjunto de las materias tratadas y las exposiciones de los invitados por la comisión, que no dejan de ser relevantes para un mejor resolver posterior.

Derivado que aun no se tiene a la vista el informe final que la comisión debe presentar a la sala de la Cámara, no es pertinente emitir juicio de valor alguno sobre su actuación después de más de seis largos meses de trabajo y poder apreciar con rigurosidad si las conclusiones logran llegar a la verdad que se pretendía dilucidar al disponerse esta comisión especial investigadora.

Sin embargo, se tiene la idea que estas comisiones especiales investigadoras, adolecen de una serie de falencias que dificultan poder llegar a razonadas conclusiones después de haber oído a quienes estimaron pertinente invitar, toda vez que que no todos los ciudadanos, directivos, ex directivos de una determinada empresa u organización, están obligados a asistir a estas comisiones investigadoras, lo que se traduce necesariamente en justificados mantos de dudas respecto del o los motivos que tuvo un invitado para no concurrir a la invitación cursada.  Esta situación, que normalmente se quejan algunos congresistas, a la fecha después de casi 29 años de funcionamiento del Congreso, no ha sido debidamente resuelta.

Se estima que si el más importante ente fiscalizador de un gobierno, cita a una persona a presentar información a una comisión investigadora, éste por ley debería estar obligado a asistir y a entregar los antecedentes que se requieren, pues de otro modo, el trabajo de éstas es casi inoficioso y no completo, ya que es lógico suponer que la citación está basada en fundadas razones y no puede quedar al libre arbitrio de los citados.

El Congreso Nacional en general y la Cámara de Diputados en particular, no puede quedar expuesta, que su función fiscalizadora no sea completa y se deba resolver sin tener a la vista todos y cada uno de los antecedentes que consideraron prudente requerir para estudiarlos en su mérito, ponderarlos y llegar a resultados que no dejen en la ciudadanía mantos de dudas por pequeñas que sean, pues están controlando las acciones del Gobierno y de las empresas públicas.

El otro gran vicio que se observa es que normalmente las responsabilidades políticas, si las hubiere, no pasan más allá de ello.  No hay sanciones de ningún tipo para personas que, preparadas intelectual y profesionalmente, toman malas resoluciones y no se hacen responsables de ellas y con ello, se daña la administración de la gestión bajo su responsabilidad con el consiguiente perjuicio para el Estado. Son miles de millones de dólares que el Estado pierde, por manejos desprolijos, malas decisiones, actos de corrupción o por no haber previsto una situación futura después de un debido análisis prospectivo. El país no puede ni debe darse esos lujos y este aspecto, es imperioso que se subsane de la mejor forma en derecho y a la brevedad posible. 

Todo acto del gobierno o de empresas públicas debe estar reglado por los más altos estándares de probidad y control y quienes se salgan de esa línea deben necesariamente hacerse responsable con sanciones que de alguna manera rebasen el rótulo de “responsabilidad política”, pues ello en la práctica, no ayuda a solucionar nada y susceptible de que se sigan cometiendo errores de “malas inversiones o imprudencias”, muchas veces intencionales pero difíciles de probar, con el evidente perjuicio para todos los chilenos.  

Por ahora, solo esperar que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, en el más breve plazo, corrijan las leyes tendientes a subsanar estas deficiencias observadas que se ha hecho mención y otras que pudiere haber, con el fin que el trabajo fiscalizador de los congresistas, tenga mejores frutos y que los responsables de la administración del Estado y sus empresas públicas, se hagan efectivamente responsables de sus gestiones, pues se tienen las capacidades y condiciones, para hacer las cosas bien. 

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